El gobierno propone crear una base de datos con el nombre de las empresas que no registren legalmente a sus trabajadores. La iniciativa tiene como objetivo exponer en un sitio web a las firmas que no se atengan a la ley, con su consecuente condena social, y sancionarlas con la quita de créditos y beneficios fiscales. La base de datos se llamará REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales) y también incluirá en el listado a aquellas compañías que hayan cometido algún otro tipo de fraude laboral, como violaciones a los convenios colectivos o a las condiciones de higiene y seguridad
El gobierno propone crear una base de datos con el nombre de las empresas que no registren legalmente a sus trabajadores. La iniciativa tiene como objetivo exponer en un sitio web a las firmas que no se atengan a la ley, con su consecuente condena social, y sancionarlas con la quita de créditos y beneficios fiscales.
La base de datos se llamará REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales) y también incluirá en el listado a aquellas compañías que hayan cometido algún otro tipo de fraude laboral, como violaciones a los convenios colectivos o a las condiciones de higiene y seguridad. En ese sentido, se creará una Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular, conformada por un equipo multidisciplinario que se ocupará de detectar los distintos tipos de subcontrataciones o tercerizaciones, algo habitual, por ejemplo, en el rubro textil.
La potestad para completar la base de datos la tendrán el Ministerio de Trabajo de la Nación, la AFIP, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Para salir del REPSAL y «limpiar» el mal antecedente, los empleadores deberán pagar una multa y regularizar a los trabajadores, aunque la «mancha» permanecerá 90 días en la base de datos, lapso durante el cual se mantendrán vigente distintos tipos de sanciones.
¿Algunos ejemplos? Se las excluirá de los beneficios impositivos y laborales de la AFIP y del Ministerio de Trabajo, respectivamente, estarán imposibilitadas de participar en licitaciones y no podrán acceder a subsidios o créditos del sector público. Si en los cinco años subsiguientes la empresa reincide, se aplicarán multas más abultadas. Hoy van de los $ 300 a los $ 5000 por empleado, de acuerdo al momento en que la firma se haya ajustado a derecho.
El gobierno nacional está evaluando a qué organismos provinciales incorporar en las tareas de control. La informalidad es alta en el interior del país y muchas veces las carteras nacionales no encuentran eco en los gobernadores. Es un secreto a voces ciertas concesiones que –por intereses directos o indirectos– los mandatarios provinciales otorgan a algunas compañías, y, peor aún, la manera de hacer la vista gorda frente a irregularidades harto evidentes.
Este proyecto de «escrache» a las empresas que negrean tiene como fuente de inspiración el Veraz, que ofrece un historial de deudores comerciales y financieros, y al que muchos privados y empresas recurren antes de aprobar un crédito o préstamo.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ahora busca que el Congreso le dé fuerza de ley a la iniciativa, que ya cuenta con el aval de la presidenta Cristina Kirchner. «No se trata de una persecución a las empresas, porque el REPSAL viene de la mano de otras medidas que funcionan como una zanahoria, como un incentivo económico para regularizar el empleo», explicó Tomada a Tiempo Argentino. En ese sentido, el ministro informó que a las microempresas que registren a todos sus trabajadores se les reducirán las cargas sociales. No es un dato menor ya que estos emprendimientos de menos de cinco empleados hoy representan el 62 % de las empresas del país. El beneficio replica otro similar aplicado desde 2008 en aquellas empresas que crean nuevas fuentes de empleo, y a las que se les reducen las cargas en un 50% durante el primer año y un 25 en el segundo. «Es una concepción similar. Lo que ahora proponemos es que toda la franja de la microempresa pague una tarifa única, simplificando el procedimiento para registrar al trabajador. ¿Usted me pregunta en quién pensamos? Pensamos en kioscos, comercios y talleres», enumeró.
Otros instrumentos que utilizará el gobierno, de los que los empresarios fueron puestos al tanto en el marco del diálogo social, son la campaña de difusión de los derechos de las trabajadores domésticas, la profundización en las tareas de inspección agraria y el registro de talles de trabajo a domicilio. Se trata de tres sectores que revelan altos índices de informalidad y que el gobierno considera «críticos».
El anuncio oficial responde a una nueva vuelta de tuerca del kirchnerismo en materia de lucha contra el trabajo no registrado. El actual índice del 34,5% es considerado alto pese a la sistemática reducción lograda desde el 2003, cuando llegó a un techo del 50 por ciento. En el sector urbano, en el tercer trimestre de 2012, se contabilizaron 4,5 millones de trabajadores asalariados no registrados. Más de 2,4 millones correspondían al servicio doméstico, el comercio y el trabajo en hoteles y restaurantes. Se trata de los tres integrantes el podio de los más castigados por la informalidad.
En la actualidad, del total de los empleados en negro, un 31% se desempeña en unidades productivas donde también hay trabajadores registrados. Es decir, que cumplen, al menos parcialmente, con las obligaciones tributarias, contables y/o laborales. Otro 44% figura en empresas donde todo el personal está fuera de la normativas. Y el 25% restante tiene como empleadores a hogares familiares, que se encuentran fuera del alcance de la inspección habitual, ya que la fiscalización no puede ingresar directamente a las viviendas sin una orden judicial.
Para decirlo sin cabildeos, el empresario que negrea le quita al trabajador la posibilidad de una cobertura médica, a él y a su entorno, lo priva de las asignaciones familiares, de la futura jubilación y de un seguro de desempleo, en caso de ser despedido. A eso se le suma la ausencia de beneficios laborales ligados directamente a la seguridad social –como la indemnización por despido, las vacaciones pagas, el aguinaldo y la cobertura de accidentes de trabajo– la imposibilidad de afiliación sindical y la percepción de ingresos por debajo de los establecido en los convenios colectivos y por el salario mínimo, vital y móvil.
Con el Veraz para las empresas «negreras», el gobierno busca devolverle a millones de trabajadores todos esos derechos negados.