La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal aceptó a la Unidad de Información Financiera (UIF) como parte querellante en la causa donde se investigan presuntas operaciones de fuga de divisas que habría realizado el JP Morgan por un monto aproximado de 5 mil millones de dólares, maniobra en la que también estaría involucrada el Grupo Clarín, señalaron a Télam fuentes judiciales.
La causa es la 9232/2008, y la Sala II de la Cámara integrada por los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, revocó la sentencia dictada por el juez Sergio Torres, quien en una instancia anterior había rechazado a la UIF como querellante.
La causa, caratulada «N.N. sobre delito de acción publica», fue iniciada en 2008 a raíz de la denuncia presentada por Hernán Arbizu, ex vicepresidente de la Banca Privada de JP Morgan -sucursal Nueva York-, donde se autoimputó como integrante de una asociación ilícita dedicada a lavar dinero, evadir impuestos, generar documentación falsa, entre otra serie de delitos.
Según Arbizu, la entidad ofrecía a sus clientes las herramientas jurídicas y contables adecuadas para tales fines.
Fue precisamente a partir del testimonio de Arbizu que la UIF radicó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal 3, a cargo de Eduardo Taiano, para que se investigue la posible «manipulación de precios de acciones» del Grupo Clarín, Banco Patagonia y Consultatio, que luego fueron adquiridas por fondos de inversión controlados por las AFJP.
Los títulos salieron al mercado en 2007 con un valor de 35 pesos y luego cayeron abruptamente. A pesar de la caída de las acciones del Grupo Clarín, las administradoras seguían adelante con las compras de acciones sin velar por el interés de sus representados.
En el expediente de la causa figura que los directivos del JP Morgan habían tramado «la operatoria» antes del crac bursátil de 2008.
«El mayor conocimiento comienza a advertirse cuando los fondos que administraban las AFJP pasaron al Estado. Ahí salta rápidamente la pérdida que tuvieron esas acciones sobrevaluadas», explicó el titular de la UIF, José Sbatella, al fundamentar el pedido.
En la investigación que hizo la UIF se recolectó información de la Comisión Nacional de Valores (CNV), de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la fiscal de la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, quien había denunciado un fraude millonario en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Cablevisión
En el caso de la causa 9232/2008, era la segunda vez que la UIF se presentaba como parte querellante en la causa ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 12 a cargo de Sergio Torres.
En ambas ocasiones el juez rechazó la solicitud alegando que aún estaba en vías de corroboración que los hechos objeto de investigación encuentren adecuación típica en los delitos previstos por la Ley 15.246 y modificatorias.
Torres repitió sus fundamentos a pesar de que entre ambas solicitudes trascurrieron casi 4 años. Mientras tanto, el juzgado conserva, aún sin analizar, las 40 cajas con documentación secuestrada en un allanamiento realizado a los tres pisos del edificio en Puerto Madero donde funcionaban las distintas unidades comerciales del JP Morgan.
En la apelación a la primera denegatoria de Torres, los camaristas consideraron que dado el incipiente estado de producción de pruebas en que se hallaba la causa no parecía irrazonable supeditar la viabilidad de la petición de la UIF a que se obtengan mayores precisiones acerca de las maniobras denunciadas.
Sin embargo, en esta oportunidad, la Sala señaló que tal argumento ya no resulta sostenible.
«Es que no puede perderse de vista, a estos efectos, que la ley no exige certeza sobre el carácter de ofendido, sino que tan sólo establece un requisito a título de hipótesis sobre el perjuicio sufrido por los sucesos; de lo contrario, recién a partir de una sentencia condenatoria estaría definida dicha calidad», dice el fallo al que accedió Télam.